La vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado, Cristina Fernández, presentó una acción declarativa de certeza ante la Corte Suprema de Justicia para conocer la validez constitucional de organizar sesiones parlamentarias a través de medios electrónicos.

Informe: Lourdes Marchese

La presentación fue formalizada por la directora de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta, Graciana Peñafort. La “certeza de constitucionalidad” serviría para resolver si el Congreso puede sesionar por videoconferencia, a raíz del aislamiento social por el coronavirus.

El trámite busca conocer la validez de una sesión on line en aquellas materias que no pueden ser reguladas por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo, como cuestiones impositivas, penales o electorales.

Los reglamentos de ambas Cámaras legislativas prohíben las sesiones no presenciales en el recinto parlamentario, por lo que cualquier votación mediante la utilización de medios virtuales correría el riesgo de ser declarada nula.

Además, una reforma reglamentaria debería ser votada de manera presencial por los dos tercios de los presentes en el recinto, algo que en la actual situación de distanciamiento social preventivo parece difícil.

El requerimiento elevado hoy ante el máximo tribunal también pretende que la Corte se expida sobre la cuestión con la mayor celeridad posible.

En su presentación, Fernández de Kirchner menciona “la acuciante necesidad de legislar en materia tributaria por las consecuencias económicas” que la pandemia tiene sobre el mundo en general y sobre la Argentina en particular, y asegura: “la situación de crisis económica y social que se desató hace un par de años en nuestro país no ha parado de profundizarse y la pandemia la agravará a límites aún desconocidos”.

“En estas circunstancias, la necesidad de sesionar por parte del Congreso de la Nación es, a todas luces, impostergable”, señala el escrito.

Además, menciona que el pedido de certeza se enmarca en “la historia reciente de la Argentina en cuanto a la existencia de maniobras de todo tipo -incluidas las judiciales- tendientes a impedir la aplicación de leyes que afecten intereses de grupos económicos”.

“El funcionamiento del Honorable Senado de la Nación y de la Honorable Cámara de Diputados es imprescindible. Resulta inviable su funcionamiento ordinario, porque ello podría resultar en el compromiso de las vidas de los propios legisladores, del personal legislativo y todo su entorno familiar y comunitario”, afirma Fernández de Kirchner.

Por último, la presentación de la vicepresidenta apunta que “las actuales circunstancias requieren que el Congreso de la Nación ejerza, ineludiblemente, sus facultades exclusivas”.