La fiscalía interviniente en el juicio por supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre el 2003 y el 2015, a cargo del fiscal Diego Luciani, pidió este lunes que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sea condenada a 12 años de prisión y que se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos.

El pedido de condena fue formulado ante el Tribunal Oral Federal N° 2, tras considerar que la ex mandataria fue la "jefa de la asociación ilícita", a la que tambien se acusa de haber cometido el delito de administración fraudulenta contra el erario público.

Asimismo, Luiciani pidió que se condene a 12 años de prisión al empresario Lázaro Báez,mientras reclamó penas de 10 años de cárcel para el ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas José Francisco López; y el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Nelson Periotti.

El fiscal habló a los jueces y utilizó su tiempo para referirse al impacto de la corrupción, afirmando que la sociedad debería estar "orgullosa" del trabajo de la fiscalía. También requirió el decomiso de unos 5.321 millones de pesos para ser destinados a instituciones de bien público, considerando que ese es el monto del supuesto perjuicio para las arcas del Estado. Antes de adentrarse en los años de condena que pediría para cada uno de los imputados, el fiscal volvió a referirse, aunque en forma genérica, a los supuestos delitos investigados y a la participación atribuida a cada uno de los imputados.

Dedicó párrafos críticos a la ex mandataria, acusándola de haber defraudado "las expectativas de los ciudadanos que la votaron".  Antes de pasar al "petitorio", el fiscal le solicitó al tribunal que extraiga testimonios en relación a situaciones ocurridas durante el juicio, a fin de que se investiguen posibles delitos de acción pública que hasta aquí no fueron tratados, como la supuesta participación de las empresas Petersen y Esuco en los hechos, dado que para la fiscalía, la constructora Petersen, Thiele & Cruz, de los Eskenazi, y la firma Esuco, de la familia Wagner, se habrían prestado para simular competencia en algunas licitaciones que las empresas de Báez ganaron en Santa Cruz.

En la última parte de su alegato, el fiscal pidió tiempo para las últimas reflexiones y considero que "se intentó esconder la corrupción" y que "en los últimos años la corrupción dejó de ser un tema de agenda política" porque "se optó por eludirla". En ese punto, el fiscal criticó que la Oficina Anticorrupción dejara de ser querellante y la Unidad de información Financiera pidiera la absolución de los acusados y aprovechó el espacio también para cuestionar que la exmandataria hubiera dicho en el juicio que a ella la absolvió "la historia".

Previo a esto, el fiscal le mandó un mensaje al presidente Alberto Fernández, ante las más de 19.000 personas que miraban su alegato por YouTube, cuando lo acusó de haber defendido "puerilmente a su compañera de fórmula" cuando le tocó declarar en calidad de testigo, buscando achacarle que, antes de ser Presidente, se hubiera referido en forma crítica, a temas de corrupción vinculados a la gestión kirchnerista y que en el juicio al que fue convocado hubiera declarado en distinta dirección. Finalmente, también lo acusó de "injerencia indebida" en el Poder Judicial, porque en su testimonio refirió que las decisiones en materia de contratación pública no son revisables en los tribunales.

Podcast: Bajar

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