El hecho ocurrió en 2019, cuando efectivos policiales se desplazaron a las inmediaciones del barrio Lihué, en el departamento de Guaymallén, tras recibir un llamado del 911 que daba cuenta de un tumulto de personas ofuscadas, realizaban una ruidosa protesta cortando calles.

Pero el operativo policial se vio superado por la cantidad de gente que se sumaba para rechazar el accionar de los efectivos en el lugar y ante esta situación desbordante, con móviles dañados por piedras y elementos contundentes de todo tipo, debieron abandonar lo que se pretendía disipar. En el enfrentamiento, no hubo heridos.

Luego de este suceso, varias horas después, una denuncia radicada en una oficina muy específica de la fiscalía, se supo de la agresión de un menor en manos de uno de los efectivos que habían participado de ese operativo. La madre del pequeño, denunció con nombre y apellido al policía que supuestamente le habría provocado una seria lesión por el disparo de una escopeta con balas de goma.

El posterior procedimiento se vio interrumpido por todo lo que sucedió con el efecto pandemia, y tras regresar a las actividades administrativas normales en la fuerza, continuó el tratamiento del caso, pero se extendió por el espacio de más de dos años. Recién en este año 2023, el Ministerio de Seguridad, resolvió la sorpresiva exoneración de uno de los actuantes de aquel enfrentamiento en la barriada guaymallina, sin un proceso de defensa.

En diálogo con LV8, Andrea Tello, personal efectivo de la Policía de Mendoza y compañera del policía exonerado, contó lo que están llevando adelante para ayudar a las familias de estos policías, ya que el caso tiene que tratarse por dos vías determinadas, una la administrativa (interna) y la judicial (con abogados para la defensa). Compartimos el informe.

Informe de Alejandro Servant - Periodista de LV8