El exfuncionario boliviano Renzo Arteaga Fernández fue condenado a tres años de prisión por falsificación de documentos y otros delitos cometidos para hacer posible el ingreso a Bolivia de armamento no letal y pertrechos para la represión fabricados en la Argentina, elementos que llegaron al aeropuerto de El Alto en un avión de la Fuerza Aérea en noviembre de 2019, en los primeros días posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales.

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El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, afirmó que "ya se comprobó que hubo contrabando, tráfico de armas que llegó desde Argentina".

A modo de contraste, remarcó que contradictoriamente, "en la justicia argentina solamente se llamó a declarar a los gendarmes, que son el hilo más delgado de todo el entramado" que tiene involucrados a funcionarios, al expresidente Mauricio Macri, a los exministros, al exdirector de aduana y al excomandante de Gendarmería.

"Hay una clara manifestación de no querer profundizar la investigación y de querer proteger a aquellos que son los responsables", dijo.

Arteaga había sido nombrado por la canciller de la gestión de Jeanine Áñez, Karen Longaric, como encargado de tramitar el ingreso a Bolivia de granadas de gases lacrimógenos y otros productos utilizados para la represión de protestas callejeras sin que se cumpliera la ley boliviana, que en estos casos exige la aprobación del Congreso Plurinacional.

Días después de que Áñez se autoproclamara presidenta de Bolivia, el Gobierno de Mauricio Macri concretó el envío a Bolivia de municiones anti-tumulto, granadas de gas lacrimógeno y otros pertrechos represivos a través de un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina en el que además viajó un contingente del grupo de elite Alacrán, de la Gendarmería.

El material represivo estaba dirigido a la Policía y Fuerzas Armadas bolivianas, el total de la carga era de 70 mil cartuchos.

El viaje a La Paz de los efectivos de la Gendarmería había sido solicitado el 11 de noviembre por el entonces embajador de la Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García.

El ingreso a Bolivia de uniformados de otro país, al igual que la importación de armamento, municiones u otro tipo de pertrechos, incluso de uso no letal, requiere de un expreso permiso por el Congreso boliviano.

De igual manera, en la Argentina también se necesita autorización del Parlamento para exportar armas, municiones y granadas de gas lacrimógeno, un trámite que no se realizó.

En Bolivia, el contrabando de material represivo desde Argentina había permanecido oculto a la opinión pública hasta que se descubrió una carta en la que el excomandante de la Fuerza Aérea boliviana Jorge Gonzalo Terceros Lara le agradecía al embajador argentino Álvarez García por su colaboración en este cometido.

El hoy condenado Renzo Arteaga se sometió al procedimiento denominado de justicia abreviada, admitiendo su responsabilidad en los hechos.

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Con Darío Villarruel.