La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco) en un fallo unánime de fecha 31 de agosto resolvió confirmar el procesamiento y embargo, más la prohibición de salida del país de los ex jueces del Superior Tribunal de Justicia Alfredo Montoya y Jorge Vázquez Rey quienes cumplieron dichas funciones durante la última dictadura cívico militar.

Los jueces de Cámara Rocío Alcalá, María Delfina Denogens y Enrique Jorge Bosch confirmaron el procesamiento dispuesto por la jueza federal Nº 2 Belén López Macé del 28  de diciembre del 2020 por considerarlos autores penalmente responsables de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, previstos y reprimidos por los arts. 248 y 277 inc. 6º del Código Penal.

Los magistrados concluyeron que los delitos en los cuales participaron los jueces del terrorismo de Estado tienen la naturaleza jurídica de “Lesa Humanidad” y se encuentran alcanzados por el reproche que prevé el Estatuto de Roma.

La causa se inició en el año 2007 por una denuncia presentada por el empleado judicial jubilado Adriano Acosta quien cuenta con el patrocinio letrado del Dr. Williams Dardo Caraballo, querellante en las causas que se tramitaron en Formosa por los crímenes de la dictadura.

En este caso los magistrados del fuero federal concluyeron que la conducta asumida por los procesados de complacencia e inactividad ante la detención de numerosos empleados judiciales en el propio edificio de tribunales, como también la de los jueces Tievas y Albariño, resulta repudiable en base a la calificación legal (como   abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y encubrimiento, previstos y reprimidos por los arts. 248 y 277 inc. 6º del Código Penal), y la conexión con crímenes de lesa humanidad   ­privación   ilegales de la libertad, tormentos y desaparición forzada­, como derivados de las causas “Colombo”, “Camicha”, “Echeverría” y   “Domato” del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa (Expte. Nº 2333, 3119, 3865 y 200/2006), cuestión contenida –por otra parte­ el requerimiento fiscal de instrucción de fs. 996/1004(del 26/12/2017).

El pronunciamiento es una reconstrucción histórica de los secuestros, torturas y desaparición forzada de personas desatada contra empleados judiciales desde el 4 de agosto de 1976 que tuvo diversas victimas como Elsa Chagra, Ángela Colman, Raquel Levi, Adriano Acosta, Andrés Medina –entre otros- y Mirta Insfran, Ricardo Borgne y Zulma Sena (estos 3 últimos continúan desaparecidos) ya que en pleno conocimiento de la privación de libertad que sufrían sus empleados por comunicación del entonces Jefe del RIM 29 Coronel Martín Alturria sobre el cautiverio de los mismos y no obstante ese conocimiento dispusieron en primer término sus suspensiones preventivas y posterior cesantías mediante el dictado de resoluciones reservadas y secretas.

Asimismo, el fallo advierte sobre la inacción de los procesados y la pasividad inmoral frente a la detención de dos magistrados quienes fueron obligados a renunciar de puño y letra desde sus lugares de detención como fue el caso del ex juez Héctor Tievas conminado a renunciar en la U-10 del S.P.F.

Asimismo, hacen saber a la defensora oficial que atento el tiempo transcurrido desde la denuncia han venido realizando presentaciones que a la postre resultan ser meramente dilatorias y resulta necesario llegar a la verdad mediante el camino judicial.

Consultado por este medio el letrado Williams Dardo Caraballo se mostró satisfecho por la calidad jurídica del fallo y porque deja a los colaboradores del estado terrorista a las puertas de un juicio oral y público donde el “equipo jurídico de la UCR” y autoproclamados defensores de los DDHH, tienen ahora la “oportunidad histórica de conocer una causa por violaciones a los DDHH en el marco de un genocidio, donde la pata civil fueron estos jueces impresentables que por más edad que tengan la cámara determinó que los delitos que se les endilgan son imprescriptibles. Llegó la hora de que se conozca la verdad para que nunca más el puñal de los sicarios, se oculte entre los pliegues de la toga de los Magistrados de nuestro Poder Judicial” expresó.