La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluyó el “caso Gildo Insfrán” en su informe anual 2016, publicado recientemente, señalando que por la demanda del gobernador Insfrán, varios periodistas formoseños resultaron condenados a pagar una indemnización de 2 millones de pesos, advirtiendo la CIDH que una condena civil por daños y perjuicios tan “sumamente elevada” causa un efecto intimidante o inhibidor (censura) para el ejercicio de la libertad de expresión.

En el informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 15 marzo de 2017, se indica que el Juzgado Civil y Comercial N°1 de la provincia de Formosa “condenó a los periodistas por un hecho ocurrido el 21 de enero de 2013, cuando un oyente anónimo llamó al programa ‘Mano a Mano’, de Radio Fantasía, conducido por el periodista Gabriel Hernández”, y realizó declaraciones que el gobernador Insfrán consideró injuriantes y que le produjeron un grave “daño moral”.

Por ese motivo, -dice el informe de la CIDH- “El jerarca inició un juicio contra Hernández, Andrea Cóspito, César y Alicia Orué, y María de los Ángeles López de Radio Fantasía. También demandó a Julián González, del diario La Opinión Ciudadana, y Carlos Varela, director de La Corneta Noticias, por reproducir las expresiones del oyente”.

"..las condenas civiles en materia de libertad de expresión no deben causar un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión... sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal..."

Sigue diciendo el informe de la CIDH que el 23 de junio del año pasado, “la Cámara Civil y Comercial de Formosa confirmó el fallo de primera instancia que condenó a un grupo de periodistas a pagar una indemnización de ARS$ dos millones (US$ 127 mil) al gobernador de la provincia, Gildo Insfrán, por daños y perjuicios”, y que “La sentencia de la Cámara fue recurrida ante el Superior Tribunal de Justicia de Formosa”.

Agrega el informe de la CIDH que las condenas civiles en materia de libertad de expresión no deben causar un efecto inhibitorio sobre esta libertad, ya que “el temor a la sanción civil, ante la pretensión de una reparación civil sumamente elevada, puede ser a todas luces tan o más intimidante e inhibidor para el ejercicio de la libertad de expresión que una sanción penal, en tanto tiene la potencialidad de comprometer la vida personal y familiar de quien denuncia a un funcionario público, con el resultado evidente y disvalioso de autocensura, tanto para el afectado como para otros potenciales críticos de la actuación de un servidor público”.

Esta mención al “caso Gildo Insfrán” es el segundo consecutivo que realiza la CIDH, ya que en el informe anual 2015 también se incluyó a esa demanda de daños y perjuicios contra periodistas formoseños como uno de los procesos judiciales con condenas “desproporcionadas”, entre otras situaciones que podrían “afectar la diversidad y el pluralismo en la difusión de información e ideas” o que podrían significar una “amenaza al ejercicio de la libertad de expresión”.

Pedido de informe

Además de este caso de daños y perjuicios, la CIDH también se encuentra analizando otra condena del año 2006 que fue denunciada como “violatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos” por la Defensoría General de la Nación, y que también fue impuesta por la justicia de Formosa a pedido del gobernador Gildo Insfrán en una querella por calumnias e injurias contra Gabriel Hernández, por una solicitada que éste publicó en febrero de 2004 criticando a Insfrán.

La CIDH solicitó un informe al gobierno argentino sobre esta causa judicial, que debe ser respondido en breve para que la Comisión Interamericana reúna todos los elementos para resolver la denuncia.

Según la Defensoría General de la Nación, esa querella de Insfrán está vinculada con la más reciente demanda por daños y perjuicios también promovida por el gobernador, porque “evidenciaría la vigencia de graves limitaciones a la libertad de expresión, manifestadas ahora en una nueva condena dictada en un nuevo fuero, la Justicia civil de la provincia de Formosa”.

Agregó la Defensoría General de la Nación que a la condena penal impuesta a Hernández en el año 2006, “por afirmaciones relativas al máximo funcionario provincial, se agrega ahora una condena en el orden civil que lo obligaría a pagar una suma millonaria al gobernador de Formosa”, con la “obvia restricción” que ello implica “para la libertad de expresión en toda la provincia”.