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Caso Próvolo: tras las condenas se conocen detalles de la aberrante historia

La justicia mendocina condenó este lunes a los sacerdotes Horacio Corbacho y Nicola Corradi a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez a 18 años de cárcel acusados por abusos sexuales y corrupción de menores a niños con hipoacusia en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza. Silvina Chediek dialogó con el abogado Francisco Machuca, que representa a varias de las víctimas y con Ariel Lizarraga, familiar de una de las víctimas.

Macucha, quien se desempeña en Xumek -una ONG que busca promover y proteger los derechos humanos- expresó que tras las condenas hay "alivio por parte de las víctimas" para "poder cerrar una etapa" y puntalizó que "lo mas grave y aberrante son los abusos sexuales" y la monstruosidad de los culpables quienes se aprovechaban, además, de la dificultad  comunicacional de los chicos abusados.

Contó además que se están investigando casos de abusos en Italia por parte de uno de los sacerdotes condenados, quien habría sido trasladado a Mendoza y puntualizó que "van encubiriendo los hechos con traslados”.

Luego de tres años de investigación y casi otros tres de juicio oral, miembros del Fuero Penal Colegiado condenaron a los sacerdotes Horacio Corbacho (59 años) y Nicola Corradi (83) a la pena de 45 y 42 años de prisión, respectivamente, y al jardinero Armando Gómez (49) a 18 años de cárcel.

Más tarde,  Ariel Lizarraga, padre de Dayana -la primera de las víctimas que denunció a las autoridades y personal del Instituto Próvolo por los abusos cometidos-, contó que se acercó al establecimiento educativo cuando su hija era niña, pensando que allí iba a recibir la capacitación necesaria para desenvolverse de adulta.

Lizarraga destacó algunas situaciones que sucedieron por ese entonces que le llamaron la atención y que con el tiempo pudo comprender como indicadores de los hechos que allí ocurrían. Remarcó por ejemplo, la insistencia de las autoridades para que ella quedase como pupila y la política de la institución de no enseñar lenguaje de señas para evitar que sus víctimas denuncien los abusos.  Además, relató el difícil camino que tuvo que transitar su hija hipoacúsica ya de adulta para hacer justicia.