Fueron agredidos por el propietario de la finca donde trabajan por haber pedido la retribución correspondiente por la realización de la cosecha. “Ha sido un hecho aberrante y triste”, sostuvo Yolanda Pozo, dirigente social en Los Corralitos parte de la comunidad Boliviana en Mendoza quien dijo que esta situación se repite año a año.

El dueño de la finca atacó a todos los integrantes de la familia dijo Yolanda, quien además confirmó que hay una causa legal iniciada que seguirá la familia, pero como parte de la comunidad haremos nuestras presentaciones ya que creemos que hay una acción de xenofobia contra nuestra comunidad”.

La familia atacada reside en Mendoza desde 1983 y en este caso -como en muchos otros- la relación contractual es en negro, dijo Yolanda.

“Hay varios delitos, el agresor está libre a pesar de haberse hecho la denuncia como intento de homicidio” dijo la dirigente de la comunidad boliviana quien nos confirmó que no hubo asistencia sanitaria inmediata. Detalló que en la causa se denuncia actos de xenofobia y discriminación por parte del empleador y de la policía, y se denuncia a la subsecretaria de trabajo ya que no ha realizado los controles pertinentes.

Para concluir, la dirigente dijo que hemos informado al consulado de Bolivia para tener los amparos necesarios en la Fiscalía, ya que aún están siendo amenazados por el agresor.

Por otro lado, la Dra. Analía Rivero, abogada de la familia dialogó también con Muchas Gracias para contarnos la situación. “Estos hechos ocurren con demasiada frecuencia” dijo, al tiempo que contó la situación de los 10 integrantes de la familia.

La letrada detalló que “la causa fue tomada como un delito menor”, por lo que “no estamos de acuerdo ya que no se tomaron en cuenta las amenazas y las coacciones”. Hay coacciones agravadas ya que se usaron armas y por otro lado la agresión con el tractor como intento de homicidio. La Dra. Rivero dijo que los agresores están identificados por la victimas, pero no tienen datos ya que la contratación es en negro, lo que habla de violaciones a la ley de previsión y a la de contrato de trabajo.

“No solo sufren tratos discriminatorios por sus empleadores, sino también por diversos organismos del Estado” expresó la Dra. Rivero abogada de la familia agredida, al tiempo que dijo que hay explotación de menores.