El director de Planificación de Políticas de Transparencia de la Oficina Anticorrupción, se refirió a la falta de acceso y control del patrimonio de los miembros del Poder Judicial. En ese sentido, señaló el atraso de la Justicia y consideró necesaria su adhesión a la ley de ética pública. "La gran mayoría de los funcionarios judiciales, son gente honesta", sostuvo pero advirtió que "no hay control social" y que un magistrado "puede pasar toda su carrera sin que nadie revise su declaración jurada". Además, se remarcó que si existe una denuncia por enriquecimiento ilícito, no hay en qué basar la investigación. El problema se extiende incluso a la Corte Suprema.