Lo expresó el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, tras conocerse que el Superior Tribunal de Justicia falló por unanimidad a favor del decreto que regula las fumigaciones y rechazó la acción de amparo que presentaron organizaciones ambientalistas. Explicó que la sentencia fijó que la zona de exclusión deberá medirse a partir de la barrera vegetal y no desde el centro del casco de las escuelas rurales, como establecía el decreto del gobierno. Las barreras vegetales deberán implantarse a 150 metros de las escuelas rurales. Luego que el Superior Tribunal exhortara al Poder Legislativo a dictar una ley que regule la temática, Rodríguez Signes consideró que la norma que rige actualmente “es una muy buena ley” y que la labor de los legisladores debería centrarse en los controles.