En el mismo se establece  que si una  trabajadora municipal sufre violencia de género y por ello debe pedir licencia, que la misma  sea considerada  justificada  cuando así lo certifiquen servicios sociales, centros de salud, fiscalías y o comisarías.

La licencia, según el proyecto, se otorgaría por un plazo  máximo de 90 días con goce de sueldo y de acuerdo a la complejidad del caso se podrá prorrogar.

En otro artículo establece  que frente a la solicitud de licencia laboral por violencia de género el municipio preservará la identidad de la mujer como también el acompañamiento, seguimiento y abordaje a través del área de la mujer.

El uso de esa licencia por violencia no afectará la remuneración que corresponde a la trabajadora. El Proyecto presentado por la Junta Interna de ATE ingresó por mesa de entradas de la municipalidad.