El jueves pasado se puso a consideración de los legisladores un proyecto de ley para juzgar por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito a dirigentes sindicales, elevando las penas y estableciendo la obligatoriedad para que presenten declaraciones juradas de bienes.

La iniciativa es impulsada por el diputado radical mendocino Luis Petri, pero también lleva la firma de Graciela Ocaña y una veintena de diputados oficialistas, equipara las sanciones que los representantes gremiales pueden recibir por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito a las de los funcionarios públicos y propone penas de entre 3 a 10 años para el primero y de 4 a 10 años para el segundo.

La comisión de ambos delitos también supone la inhabilitación especial perpetua, y en el caso particular de enriquecimiento ilícito se establece una multa de entre el 50% y el 100% del monto obtenido ilícitamente.

En diálogo con LV4, Petri sostuvo que "básicamente lo que busca este proyecto es que los sindicalistas rindan cuentas y puedan ser juzgados por hechos de corrupción, algo que no ocurre en la actualidad”.

Con la nueva normativa quienes administran y ejecutan desde las comisiones directivas de obras sociales  o asociaciones sindicales y teniendo en cuenta los montos que manejan y teniendo en cuenta que en ellos suele haber aportes del Estado, deben asumir responsabilidad penal, en el caso de cometer un delito como el de cohecho o enriquecimiento ilícito, como henos visto últimamente en casos como el de Pata Medina o (Marcelo) Balcedo. Pensemos que hasta el momento son juzgados o por administración fraudulenta o bien por lavado activo o evasión tributaria, pero no son juzgados por los hechos gravísimos de corrupción que comenten y esa situación es insostenibles, por eso pedimos que se amplíe la responsabilidad penal de los sindicalistas, en la búsqueda de proteger a los trabajadores que representan”.

El proyecto también contempla que quienes tengan intenciones de integrar los órganos de dirección de los gremios deban presentar una declaración jurada patrimonial integral" dentro de los 30 días hábiles desde la asunción, y otra actualizada una vez que abandonen el cargo.

Petri dijo que esperan que la iniciativa sea tratada en cuento se reinicie la actividad legislativa, los primeros días del mes de marzo.