La Cámara de Diputados aprobó y convirtió en ley una modificación a la ley 8.611 que establece la creación de un banco de huellas genéticas que permitirá la obtención de ADN en función de investigar delitos.

El proyecto define el “impacto identificatorio positivo” como “la coincidencia entre un patrón genético ingresado con otro/s previamente ingresados en el Registro Provincial de Huellas Genéticas Digitalizadas” que permitiría obtener información sobre quiénes cometieron un ilícito.

Entrevistado por Falta El Resto, el diputado radical Jorge Albarracín ofreció detalles de la normativa.