Ocho concejales votaron a favor de revocar la decisión de la intendenta Soledad Martínez, quien planteó la inconstitucionalidad de dos normas creadas en el legislativo. La revocación tiene que ver con una ordenanza que plantea el congelamiento de la planta permanente del ejecutivo local. El concejal del Partido Justicialista, Gustavo González, explicó que la intendenta considera que se vulnera el derecho a personas con discapacidad de ocupar cargos en organismos estatales, y declaró que “hubiese sido oportuno que el Ejecutivo Municipal elevara un informe al Concejo Deliberante con un relevamiento de todas las personas (con discapacidad) que están trabajando en las distintas modalidades”.