Hasta agosto de 2022, la Ley Provincial 3308 protegía las costas del Golfo San Matías, hasta la Península de Valdés, por las características ecológicas, oceanográficas, naturales y socioeconómicas de esa biorregión, prohibiendo el desarrollo de toda actividad hidrocarburífera en sus aguas. Dicha normativa regía desde 1999 y contaba con el apoyo de la ciudadanía, pero el 9 de septiembre del año pasado fue modificada por la Legislatura rionegrina con la sanción de la Ley Provincial 5594, que la deja sin efecto y levanta la prohibición de instalación de gasoductos u otros ductos para el transporte de hidrocarburos y sus derivados.
El proyecto del oleoducto y la terminal petrolera Vaca Muerta Sur pretende unir a la localidad de Añelo, en Neuquén, con Punta Colorada, en el Golfo San Matías, en Río Negro, mediante un caño de más de 600 kilómetros de extensión por el cual se prevé el transporte de 360 mil barriles diarios de petróleo. De ese modo, se busca aumentar en 2,5 veces la capacidad de transporte de hidrocarburos desde la Cuenca Neuquina. Además, para multiplicar las posibilidades de exportación, el proyecto prevé la instalación de dos monoboyas para conformar lo que consideran que podría ser el puerto petrolero más grande del país, que quedaría ubicado en el Golfo San Matías, 8 kilómetros al sur del Parque Nacional Islote Lobos y a igual distancia al norte del Área Natural Protegida Puerto Lobos.
El proyecto impulsado por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron debatidos por funcionarios, gremialistas, académicos y vecinos. Aunque la audiencia es de carácter vinculante, su resultado no es definitorio para la decisión que deberá tomar el gobierno provincial.
El plan es rechazado por parte de las comunidades costeras que viven del turismo y la pesca artesanal, también por científicos, movimientos ambientalistas y conservacionistas. Advierten que será una amenaza para la vida en el océano y sus costas. En el mismo sentido, las organizaciones integrantes del Foro para la Conservación del Mar Patagónico y Áreas de Influencia explicaron en un comunicado que significa un alto riesgo de impacto negativo sobre los ecosistemas de varias reservas naturales como: el Parque Nacional Islote Lobos, el Área Natural Protegida y Patrimonio Natural de la Humanidad Península Valdés, la Reserva de Usos Múltiples Caleta de Los Loros y el Área Natural Protegida Bahía San Antonio.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionó la falta de transparencia y la restricción a la participación ciudadana en la audiencia pública.
La organización señaló que los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto, presentado por YPF, vulneran el Acuerdo de Escazú al limitar el derecho de acceso a la participación y obstaculizar el debate integral y acumulativo sobre sus impactos en la región.
El proyecto no cuenta con la adhesión de toda la población y en Sierra Grande crece la incertidumbre en relación al impacto ambiental.
Asambleas y organizaciones de Río Negro, Chubut y Neuquén denunciaron irregularidades en la audiencia que convocó el gobierno provincial en conjunto con el municipio de Sierra Grande. Según informaron, el encuentro no contempló el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocida en la Constitución Nacional.
Cristian Fernández, coordinador del área de Legales de FARN, explicó que el EIA presentado por YPF es un documento que elude los impactos acumulativos y climáticos de las obras del Oleoducto y del puerto. Por otra parte afirmó que “a participación en la audiencia fue restringida exclusivamente a personas con residencia en Río Negro, a pesar de que el megaproyecto incluye y afecta también a los territorios de Neuquén y Chubut.
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