La reforma constitucional en Jujuy que impulsa el gobernador Gerardo Morales y el decreto 8464 considerado "antidemocrático" por organizaciones sociales y sindicales continuó generando protestas callejeras en varios puntos de la provincia por parte de docentes que cumplieron su noveno día de paro y también movilizaciones en la ciudad de Buenos Aires. Frente a ese panorama, el mandatario provincial anunció la derogación del decreto.

Sin embargo, Morales advirtió que, si los docentes no levantan las medidas de fuerza "se descontarán los días de huelga" y ratificó que su gestión seguirá adelante con la reforma constitucional.

"Me comprometo a derogar ese decreto; ahora le pido a los docentes que vuelvan a trabajar porque no vamos a negociar con gremios que estén en medio del conflicto", advirtió en conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda y Finanzas y gobernador electo, Carlos Sadir.

"Si no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos", abundó Morales al dirigirse a los docentes de todos los niveles educativos.

Este martes, las actividades de protesta incluyeron mateadas y ollas populares a la vera de la ruta provincial 1, en las inmediaciones de San Salvador de Jujuy, como también en otras localidades de la provincia en reclamo de una recomposición salarial y en rechazo a la reforma constitucional y al decreto 8464.

"Las medidas se van a mantener porque así nuestros afiliados lo han decidido en asamblea. Nuestra petición es un salario básico de 100 mil pesos, llegar a los 210 mil pesos de bolsillo y queremos cláusula gatillo", expresó Mercedes Sosa, titular del Cedems, uno de los principales gremios docentes locales.

"No queremos escuchar más que el presentismo es una variable de negociación salarial", agregó, y dijo que pretenden abordar "paritarias abiertas que conglomeren las reivindicaciones de todos los gremios estatales y que sean serias".

Se dirigió a Morales en torno a su decisión de derogar el decreto: "Ya no queremos más amenazas, el decreto fue escandaloso, fue una muestra más del autoritarismo que lamentablemente caracteriza a su gestión".

La titular del gremio Adep, Silvia Vélez, al ratificar la continuidad del plan de lucha, destacó que se viene registrando un elevado acatamiento al paro y sostuvo: "A muchos compañeros los van a hacer dudar, pero es momento de que estemos más unidos que nunca".

Los referentes de los sindicatos docentes y de otros espacios de estatales de la provincia presentaron una "Intergremial" y ahondaron sobre la conferencia de prensa de Morales, en la que, dijeron, sostuvo un "discurso altamente contradictorio", con "extorsión" y "amenazas".

Además, en la Ciudad de Buenos Aires y en apoyo a los docentes del Norte, referentes de la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), de la CTA de los Trabajadores y del "Frente Milagro Sala" se movilizaron hoy hacia la Casa de Jujuy, ubicada en el barrio porteño de Retiro.

Allí exigieron la derogación del decreto 8464 por considerar que "atenta directamente contra la Constitución Nacional" y que, incluso, fue sancionado mientras se agudizaba el conflicto entre los gremios docentes y las autoridades provinciales.

Para Ctera, la resolución provincial "es una muestra más" de que Morales "lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática, y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores".

De hecho, el Ministerio de Trabajo nacional también expresó su "preocupación" por el dictado de recientes normas en jurisdicciones provinciales que "violentan tanto el derecho de huelga como el de libre expresión" y se refirió puntualmente a las provincias de Jujuy y Salta.

Sobre el decreto 8464, la cartera laboral advirtió que "modifica una ley provincial y, bajo el pretexto de garantizar los derechos de libre tránsito y circulación, veda y penaliza la manifestación de trabajadores y trabajadoras, vulnerando la libertad sindical y disponiendo el empleo de las fuerzas policiales y la intervención de la Justicia Penal para criminalizar y reprimir la protesta".

En su primer artículo, el decreto establece que "serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM) quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos".

"En estos casos, la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos", añade el texto.

En los últimos días, las protestas y movilizaciones se profundizaron y, según analizó Sosa, titular del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior, la población "tomó conciencia de la afectación que tiene la reforma de la Constitución y apoyó a los docentes".

"Hay relación entre el reclamo salarial con la reforma constitucional porque no se pueden atropellar los derechos del trabajador", planteó, y descartó que exista una "politización" del conflicto, como había manifestado el Gobierno.

En Jujuy, los docentes se concentraron en el Parque de la Memoria, en el acceso sur de la ciudad capital, y en plazas centrales de otras localidades de la provincia.

Las medidas de fuerza son impulsadas por la Asociación de Educadores Provinciales (Adep) -docentes de nivel inicial y primario- y el Cedems, con un acatamiento del 95% en toda la provincia, dijeron fuentes del sector.

Además los sindicatos piden que se incluya el presentismo como parte de la negociación paritaria, ya que ello representa el 40% del sueldo básico.

Los docentes también mantenían permanencia en las delegaciones de San Salvador y del interior, en tanto mañana están previstos cacerolazos y una radio abierta, el jueves una marcha de antorchas con velada artística y el viernes un paro general con marcha provincial.

Los gremios docentes rechazaron el lunes la propuesta salarial del Gobierno realizada en la mesa técnica del viernes, por lo cual mantienen su reclamo por "sueldos dignos", equivalentes al valor de la canasta básica.

Morales defendió la última propuesta salarial que su Gobierno hizo a los sindicatos docentes, que, según la comunicación oficial incluye un salario inicial de $179.000, la reestructuración de la base de cálculo del premio por asistencia, a lo que se suma el aumento del Adicional No Remunerativo Bonificable y el otorgamiento de un suplemento No Remunerativo No Bonificable de $4.000 a docentes de hasta 5 años de antigüedad.

Con relación al rechazo a la reforma constitucional, Morales opinó: "Acá hay un objetivo político que busca neutralizar esta reforma que va a mejorar la calidad institucional de Jujuy y que el pueblo ya ha votado".

"Vamos a prohibir el corte de ruta y calles que es un delito, lo anuncié el año pasado, de modo tal que la reforma de Constitución se va a empezar a votar mañana", enfatizó Morales, quien cargó contra "la izquierda, el kirchnerismo y Milagro Sala" porque -dijo- "quienes generar violencia".

El jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, enfatizó hoy: "Quiero decirlo claramente: estoy en contra de la criminalización de la protesta social. Sea a nivel nacional, sea a nivel provincial. Todos los argentinos tienen derecho a peticionar. Néstor Kirchner decía ´ni palos, ni planes´ y pedía no reprimir la protesta social en la Argentina".

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