El Ente Nacional de Regulación de la Electricidad (ENRE) formalizó la presentación penal contra las autoridades de la empresa Edesur para que se los investigue por defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos.

El informe es de Gerardo Mazzocchi.

Así lo confirmó el interventor del organismo, Walter Martello, a través de su cuenta en la red social Twitter.

"Por instrucción de la Secretaría de Energía he presentado en sede judicial una denuncia penal contra las autoridades de la empresa Edesur S.A. por la presunta comisión de los delitos que detallo a continuación", expresó el funcionario.

Martello reveló que los ilícitos denunciados son "Defraudación por desbaratamiento de los derechos acordados (Art. 173, inc. 11, del C.P); Abandono de personas (Art. 106 del C.P); Entorpecimiento de los servicios públicos (Art. 194 del C.P)".

Por último, el interventor del ENRE precisó que la causa "se encuentra a sorteo a fin de asignar juzgado y fiscalía interviniente".

El escrito presentado ante la Justicia pone de manifiesto distintos episodios en los que el ente emplazó a la empresa para que se tomen los recaudos necesarios para evitar la interrupción del servicio.

También reflejan diferentes reclamos de personas electrodependientes que no obtuvieron respuestas a tiempo ante los cortes y se adjuntan pruebas de solicitudes de servicio por parte de los usuarios que ni siquiera fueron leídas por Edesur, entre otras irregularidades.

El ENRE radicó la denuncia tras un pedido formulado durante la víspera por la cartera de Energía, que también le exigió que eleve el informe del estado de la concesión a la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Concesiones de los Servicios Públicos, a fin de que aconseje si corresponde darla por terminada.

Esta es la segunda vez en lo que va del año que el organismo analiza el estado de situación de la concesión de Edesur como consecuencia de los reiterados cortes de energía que se producen en distintos barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en el sur y el sudoeste del conurbano bonaerense.

El martes pasado, el Ente informó que en los próximos 90 días enviará al Congreso un informe en el que se analizará y evaluará el desempeño de la prestación del servicio público de distribución eléctrica de la empresa Edesur S.A., "y el grado de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el contrato de concesión".

Debido a la falta de suministro eléctrico, vecinos de distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense realizaron protestas en los últimos días con el fin de dar visibilidad al problema que enfrentan, con el objetivo de obtener soluciones.

Además de la denuncia del ENRE, el Municipio de Esteban Echeverría también presentó una demanda penal contra las autoridades de Edesur debido a los masivos cortes que sufrió el distrito esta semana y que afectaron el funcionamiento del Hospital Municipal Sofía Terrero de Santamarina.

En igual sentido, la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires demandó ante la Justicia porteña a la empresa “por la falta de trato digno y carencia de información" hacia los vecinos afectados desde hace semanas.

En su presentación, la Defensoría remarcó que “la Ley de Defensa del Consumidor, cuando se viola el trato digno, faculta al juez para aplicar una multa civil a favor del consumidor final -por daño punitivo-, que se estipula entre la mitad y 2.100 canastas básicas que publica el Indec”.

“En ese orden, se requirió que se les aplique multas de entre $73.000 y $308.000 aproximadamente para resarcir directamente a los damnificados consumidores y usuarios finales”, informó el organismo.

A esta compleja situación se suma también que algunas zonas de los partidos bonaerenses de Almirante Brown, Quilmes, Lomas de Zamora y Avellaneda se encuentran sin servicio de agua potable debido a la interrupción del suministro eléctrico en la Estación Elevadora Quilmes, informó esta tarde la empresa AySA.

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