A partir del mes próximo los aumentos en las prepagas tendrán un tope para quienes tengan ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, monto que equivale a 392.562 pesos. Por lo tanto, quienes cobren menos de ese monto y completen una “declaración jurada de ingresos” pagarán 4,91 por ciento, equivalente al 90 por ciento de la variación de los salarios formales según el RIPTE (Remuneración Imponible de Trabajadores Estables) del último mes publicado (octubre, que arrojó el 5,45 por ciento).Sobre este tema habló el presidente de ADDUC (Asociación de Defensa de los Derechos de los Usuarios y Consumidores)Osvaldo Bassano, quien criticó la medida y dijo que la política es equivocada. "Son las empresas de medicina privadas las que tienen que presentar los balances, estados financieros, e inversiones; los consumidores no tiene que presentar nada", expresó.

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Bassano criticó que las empresas prepagas continuen aumentando los valores por encima "del IPC" y exijan al consumidor un formulario. "Es un acto inconstitucional, los que tienen que rendir cuentas son las empresas de medicina prepagas, no el consumidor", agregó. El entrevistado sostuvo que los consumidores deberían objetar la medida "mediante la mesa de entrada del Ministerio de Salud".

"No se puede obligar al consumidor a renunciar al derecho del secreto bancario. Acá no es el Estado el que está en juego, sino el bolsillo de las empresas de medicina prepagas", advirtió.