Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola encabezarán la última de las nueve audiencias que le otorgó el Tribunal Oral Federal 2 para argumentar su acusación en la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 en favor del empresario Lázaro Báez y formular el pedido de condenas. Néstor Espósito, periodista especializado en judiciales, analizó los pasos que siguen en el desarrollo del juicio y anticipó que los fiscales pedirán el máximo de la pena prevista para los delitos por los que acusan a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al resto de los imputados.

Enumeró los ejes en los que basaron hasta el momento el alegato los fiscales y, en ese sentido, señaló que “han tenido nueve jornadas, inusualmente, para exponer una acusación que tuvo más consideraciones políticas que jurídicas”.

Estimó que el pedido de penas en el caso de la expresidenta será “singularmente” alto”, quizá de entre diez y 16 años de cárcel, y la accesoria de inhabilitación perpetua para volver a ejercer cargos públicos.

Cuando finalice la exposición de los fiscales el tribunal dispondrá un cuarto intermedio de una o dos semanas para que los abogados de los imputados puedan terminar de pulir sus ponencias en el marco del debate final.

De imponerse ese criterio, las 30 audiencias previstas para los alegatos de las defensas comenzarían con la exposición del abogado que representa al empresario Báez, uno de los principales imputados en el expediente, mientras que el turno de los defensores de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner llegaría recién en el sexto lugar, según el orden alfabético de los imputados.

En esta causa se le imputa a la vicepresidenta la coautoría de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefe y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública durante los años en los que fue presidenta de la Nación.

Entre los imputados están también el exministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Julio De Vido; el exsecretario de Obras Públicas José Francisco López; el extitular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) Nelson Periotti y el exsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner.

Un grupo de intelectuales, dirigentes y funcionarios advirtió este domingo que el juicio que investiga supuestos direccionamientos en la obra pública de Santa Cruz busca "proscribir" a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y "ha batido todos los récords de irregularidades y arbitrariedades".

Distintas personalidades de la política y los derechos humanos se expresaron en esa línea a través de una solicitada titulada "No al lawfare y el intento de proscripción a Cristina Fernández de Kirchner", y que fue publicada ayer en dos matutinos.

En ese texto, aparecido en los diarios Tiempo Argentino y Página 12, y firmado por organizaciones, intelectuales y dirigentes políticos, se advirtió que "la persecución política a la compañera Cristina Fernández de Kirchner transita por estos días por los caminos más escandalosos".

Entre los firmantes están la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Taty Almeida; el exjuez de la Corte Suprema de Justicia Raúl Zaffaroni y el abogado Eduardo Barcesat; la militante de derechos humanos Rosa Bru; el periodista Víctor Hugo Morales; el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (Suterh) y diputado del Parlasur, Víctor Santa María, y la especialista en temas de género Dora Barrancos, entre otros intelectuales, periodistas, parlamentarios, gremialistas, embajadores, funcionarios y artistas.

En el mismo sentido se expresaron 509 intendentes de 22 provincias repudiando la "persecución judicial" contra Cristina Fernández y rechazaron la "utilización del sistema judicial como mecanismo de disciplinamiento social".

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