Así se refirió el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, en dialogó con PUNTO SUR, a la medida cautelar que bloquea el DNU 690/20 a pedido de la empresa Telecom. Dicho decreto regula precios y establece la Prestación Básica Universal (PBU) en las telecomunicaciones y fue dispuesto por el Poder Ejecutivo, ratificado por el Congreso Nacional, convertido en Ley y nunca declarado inconstitucional.

“Estamos teniendo un problema muy grande con un sector del Poder Judicial” sostuvo López y añadió que esto es “una república dentro de la República, es decir, la República de Clarín versus las instituciones democráticas de la Argentina”.

La medida, explicó, “deja desamparados a millones de usuarios de Clarín, que son los usuarios de Personal, de Fibertel, de Telecom, o de Cablevisión, que no van a estar resguardados por el Estado, que van a quedar sujetos al precio que le quieran cobrar desde la empresa por un servicio que es esencial”.

“El Estado dice que el precio no lo va a fijar la empresa, lo vamos a regular nosotros, y la Justicia dice no, el precio lo va a fijar la empresa y le va a cobrar lo que quiera al jubilado que necesita una receta médica o al chico que quiere estudiar”, manifestó López.