El Gobierno puso en marcha el Plan Gas.Ar, con el que se busca llevar la producción del fluido a 30.000 millones de metros cúbicos en cuatro años, generar un ahorro fiscal de US$ 2.500 millones y evitar la salida de divisas por US$ 9.200 millones.

A través del decreto 892/2020 publicado hoy en el Boletín Oficial, el Gobierno declaró de interés público nacional y objetivo prioritario la promoción de la producción del gas natural.

La norma estableció la puesta en marcha del Plan de Promoción de la Producción del Gas Natural Argentino-Esquema de Oferta y Demanda 2020-2024, basado en un sistema competitivo en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), e instruyó a la Secretaría de Energía a instrumentarlo.

El decreto precisó que el plan se asienta en la participación voluntaria de las empresas productoras, prestadoras del servicio público de distribución y subdistribución que hagan adquisiciones en forma directa de las productoras y de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).

El secretario de Energía, Darío Martínez sostuvo que "se inicia un proceso virtuoso de trabajo, inversión, producción, desarrollo regional y aumento del Valor Agregado Nacional".

"Comienza una etapa de sustitución de importaciones, ahorro de divisas, disminución del gasto público y mayores regalías para las provincias. Vamos a recuperar rápidamente el decline de producción el invierno que viene e incluso demandar menos importaciones de Gas Natural Licuado (GNL)", indicó Martínez en un comunicado, tal como había expresado el sábado en entrevista con Télam.

También destacó que "el artículo 1 declara al Plan Gas.Ar de interés público y prioridad nacional, tal cual lo indica la Ley de Soberanía Energética de 2012", y agregó que "esto denota la jerarquía estratégica que el Presidente (Alberto Fernández) le otorga a la producción de gas, generando herramientas de gestión sobre el mercado porque el interés público se impone sobre intereses particulares".

El plan contempla, como objetivos, viabilizar inversiones en producción de gas natural con el objetivo de satisfacer las necesidades de hidrocarburos del país con el producido de sus propios yacimientos.

En este caso, se determinó que el Banco Central deberá establecer mecanismos idóneos con el fin de facilitar el acceso de las empresas al mercado de cambios, en caso de que existan normas que lo limiten, para la repatriación de las inversiones directas y sus rentas o la atención de servicios de renta o de endeudamientos financieros del exterior,

Para ello puso como requisitos que se facilitará el acceso al mercado de cambios cuando los fondos hayan sido ingresados por el mismo y sean operaciones genuinas a partir de la entrada en vigencia del presente decreto, y destinados a la financiación de proyectos enmarcados en el Plan.

El Plan también prevé proteger los derechos de los usuarios actuales y futuros de gas natural; promover el desarrollo de agregado nacional en la cadena de valor de toda la industria gasífera; mantener los puestos de trabajo en la cadena de producción de gas natural; y sustituir importaciones de GNL y el consumo de combustibles líquidos por parte del sistema eléctrico nacional.

El decreto también estableció como autoridad de aplicación a Energía, y la facultó a instrumentar el abastecimiento de volúmenes, plazos y precios máximos de referencia de gas natural en el PIST, aplicable a los contratos o acuerdos que entre oferentes y demandantes se celebren en el marco del Plan, y que garanticen la libre formación y transparencia de los precios.

La normativa determinó que el Plan Gas será por un volumen base total de 70 millones de metros cúbicos por día para los 365 días de cada año calendario de duración del esquema.

Este volumen base podrá ser modificado por Energía a efectos de garantizar el óptimo abastecimiento de la demanda, así como ampliado para los sucesivos períodos invernales o para los volúmenes a incluir en los plazos que eventualmente se extienda el plan.

El Plan tendrá una duración inicial de cuatro años, que podrá ser ampliado por Energía en función de su evaluación de la situación en el mercado de gas.

Para los proyectos costa afuera podrá contemplarse un plazo mayor, de hasta ocho años en total, en atención a las particularidades de este tipo de proyectos, y el decreto invitó a las provincias productoras de gas natural a adherir al mismo.