En diálogo con Radio Nacional Formosa, el ingeniero Ricardo Oviedo, director de la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Formosa explicó que con el incremento de 7,5% dispuesto por el Gobierno Nacional para jubilaciones y pensiones implica un aumento acumulado de más del 28,9% en lo que va del año para los beneficiarios que cobren menos, sorteando el índice inflacionario.

“En el primer semestre el haber mínimo aumentó en términos reales un 5,5% que implica una recuperación de lo que había perdido durante los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri que alcanzó el 19,5%”, comentó.

Cuando Alberto Fernández asumió, la jubilación mínima estaba en $14.068, con ese incremento será de $18.129. De esta forma, el 85% de los jubilados y pensionados “le ganarán a la inflación” al tiempo que disminuirá la brecha salarial entre quienes más cobran y los que menos perciben, revirtiendo la tendencia durante el gobierno de Juntos por el Cambio.

Este aumento del 7,5% también alcanzará a beneficiarias y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, de la asignación universal por embarazo, de pensiones no contributivas y de asignaciones familiares.

Acuerdo Nación-Provincias por deuda con el FGS de la ANSES

Con respecto a la suspensión del cobro de deudas provinciales con el Fondo de Garantías de Sustentabilidad por préstamos impulsados por el mandato de Mauricio Macri en 2016, con altos porcentajes de interés, casi usurarios; y una erogación más que sustancial que mes a mes se le descontaba a cada una de las 21 provincias, se acordó suspender este cobro, lo que significa mayores recursos para cada una de ellas, entre las que está Formosa. 

A su vez se enviará al Congreso Nacional un proyecto de ley para enmendar los alcances de la Ley de Reparación Histórica que fijaba estas condiciones tan inconvenientes para los 21 tesoros provinciales.

Ajustes del IFE

Con respecto a beneficiarios del Ingreso Familiar de Emergencia que percibieron el tramo 1 y 2 pero no el tercero, Oviedo aclaró: “se oficializó dos aspectos que ya se habían evaluado pero que luego, por alguna circunstancia, cuando se hizo el cruce de información no se llegó a efectuar la liquidación correcta. Uno es el de las personas privadas de la libertad, que no corresponde porque no pertenecen a la población objetivo. El otro obedece a los ajustes que se realizaron porque hay que entender que el IFE es un ingreso familiar, uno por familia, y en el caso de jóvenes de 18 a 24 que conviven con sus padres y que si alguno de sus progenitores cobra alguna asignación, no le corresponde”.