La Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal investiga la venta de mercadería que debía destinarse a la asistencia alimentaria de personas de escasos recursos. La denuncia -conocida a través de la prensa- surgió de responsables de comedores y merenderos que afirman que funcionarios provinciales e integrantes de organizaciones sociales se quedaron con mercadería destinada a fines sociales.

En todos los casos, las denuncias indican la disminución o la falta de percepción de los módulos alimentarios asignados por los Ministerios de Desarrollo Social de la Nación y de la Provincia.

La fiscal penal Verónica Simensen de Bileke dio más detalles de la causa: